Un nuevo documento citado por el periodista Vicente Riva Palacio demuestra que contra la versión oficial, durante el actual gobierno de Peña Nieto se siguieron triangulando operaciones entre la familia presidencial y una subsidiaria de Higa, mediante pagos en efectivo de 430 mil pesos por servicios y remodelaciones a la Casa Blanca.
Lo anterior quizá no sería de gran importancia si dicha casa no fuera un símbolo de la corrupción y el conflicto de interés que tanto acostumbra la clase política mexicana. En su columna en El Financiero, Riva Palacio plantea que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda -ante la investigación que hizo la Secretaría de la Función Pública por la ‘casa blanca’- debió haber clasificado los pagos en efectivo «como dinero de procedencia ilícita y, por lo tanto, merecedora de una investigación.»
Completa el contexto el hecho de que «el gobierno de Peña Nieto se ha embarcado en una política de terrorismo fiscal para aumentar la recaudación, cuando en su vida privada, se puede decir, evadió al fisco –¿de dónde salió el dinero en efectivo para las obras en su casa? ¿Quién lo molestó fiscalmente por ello? En el juicio se establece que la señora Rivera aprobó tanto los presupuestos, como las obras y los pagos.»
Los peor del caso, comenta Riva Palacio, es que este asunto salió a la luz sólo porque una empresa privada demandó a Miguel Ángel Aragonés Pardo, dueño del despacho Taller Aragonés, arquitecto y diseñador que comenzó la remodelación de la casa de la primera dama en las Lomas de Chapultepec. Según la empresa, en mayo de 2013, ya con Peña Nieto como Presidente, Aragonés Pardo dejó de tomarle la llamada a los abogados de la empresa y no pagó los 430 mil pesos por las obras.
La columna relata que «la querella no había prosperado hasta que se pidió al juez llamar a declarar a la señora Rivera como testigo. En ese momento, se solucionó todo y se les pagó. Sólo hasta que estuvo a punto de hacerse público, dejaron de cometer arbitrariedades. No fue el temor a la ley, sino el que quedaran expuestos. La solución legal no resuelve el uso de dinero en efectivo con origen desconocido, motivo por el que varios políticos se encuentran en la cárcel.»
Al final, Aragonés Pardo pagó alrededor de 430 mil pesos en efectivo y, como se aprecia en el juicio mercantil, casi todos los pagos fueron facturados a Ingeniería Inmobiliaria del Centro, la empresa filial de Higa que se constituyó para poder ejecutar la compra de la casa blanca.
Finalmente, El Financiero desglosó las obras a la casa presidencial:
2 de marzo de 2011 – Costo: 10 mil 301 dólares y 148 mil pesos
Instalación de una unidad climatizada en la recámara principal; sistema de extracción de sanitarios con desfogue de campana; ventilación de cocinas y aire acondicionado en el gimnasio.
29 de junio de 2011 – Costo: 3 mil 600 dólares y 105 mil pesos
Aire acondicionado y calefacción para el cine, una extracción de toilet del cine, extracción en las áreas de estar del chofer y extracción de humos de la caldera.
23 de marzo de 2012 – Costo: 18 mil pesos
Sistema de extracción del asador.