Impuestos para las aplicaciones móviles

27 abril, 2016 - 7 minutos de lectura

El diputado Salvador Zamora del partido Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de ley que propone establecer una tasa de impuestos a editores, propietarios o vendedores de y en aplicaciones informáticas para que cumplan con obligaciones fiscales al igual que cualquier empresa que opera en nuestro país.

Para lograr una recaudación fiscal equitativa, el diputado plantea adicionar las siguientes disposiciones a los artículos 1o., 2o. y 19 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

1. Se incorpora la figura de editores, propietarios o vendedores de apps como contribuyentes obligados al pago de impuestos.

2. El editor, propietario o vendedor de una app pagará 8% de impuestos sobre el valor de cada transacción realizada a través de una app para acceder, comprar o alquilar contenido digital. El usuario recibirá una factura -únicamente- por su compra.

3. El editor, propietario o vendedor de una app pagará 8% de impuestos por el costo de cada servicio que un usuario obtenga a través de una app.

4. Los contribuyentes obligados además, deberán presentar un informe trimestral que contenga el número de servicios o archivos digitales con sus respectivos costos.

Pero, ¿Quiénes son estos nuevos contribuyentes?

Editor.

Quien puede modificar una app.

Propietario.

Quien adquiere una app.

Vendedor.

Quien puede o no desarrollar aplicaciones, pero tiene permisos de distribución de esa aplicación.

¿Nos afecta esta iniciativa?

Imagina que eres como Luis o Margarita, dueños de una startup tecnológica registrada ante Hacienda, quienes desarrollaron una aplicación para que los usuarios que la descarguen reciban en la puerta de su casa una pizza calientita.

Cada vez que una persona ordene una pizza, Luis o Margarita, tendrán que pagar 8% de impuestos sobre el costo total del servicio. Ahora imagina que en los siguientes 20 minutos, 30 personas más pidieron pizza… ¿Te imaginas pagar impuestos cada vez que alguien use el servicio?

De acuerdo con cálculos realizados con la encuesta Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en México hay 32,485 emprendedores de Tecnología de Información y Comunicaciones.

El diputado Salvador Zamora explicó que de aprobarse la iniciativa se asegurará que los editores, propietarios y vendedores de apps no trasladen el impuesto al consumidor final, sin embargo, nunca ha sucedido así:

Desde 2014 los consumidores pagamos un peso de impuestos por cada litro de bebidas azucaradas, la idea es desincentivar el consumo de estos productos para reducir el índice de obesidad y sobrepeso, desde entonces, sólo han dejado de consumirse 6 calorías por persona y se han recaudado, de enero a junio, más de 7 mil millones de pesos.

Los alimentos de alto contenido calórico recibieron un aumento de 8% de impuestos pagados por el consumidor final que sólo en 6 meses, recaudó más de 5 mil millones de pesos.

Al comprar alimento para mascotas o goma de mascar pagamos 16% de IVA.
A partir de 2009 se autorizó la cuota de dos pesos por cada cajetilla de tabaco, el aumento se justificó como una medida para reducir el consumo, sin embargo, tan solo en en el primer semestre de 2012, SHCP recaudó 16 mil millones de pesos que no regresaron al sector salud para combatir el tabaquismo o cáncer de pulmón.

Cada vez que usamos un servicio de transporte foráneo, pagamos 16% de IVA.

Por otro lado, la iniciativa no señala directamente que los editores, propietarios o vendedores de aplicaciones obligados al pago de impuestos, son aquellos que generan ingresos en México pero trasladan sus ganancias a cuentas en el extranjero como Google Play, App Store o Uber, quienes son los contribuyentes obligados de acuerdo con el diputado.

¿Más impuestos?

No, y menos en operaciones de comercio electrónico que supone una forma libre de intercambio, arrendamiento y adquisición de bienes y servicios a través de Internet, más bien, debemos enfocarnos en la transparencia de las medidas fiscales ya existentes y la rendición de cuentas de los ingresos en posesión del Estado, es decir, crear condiciones legales que nos lleven hacia una verdadera justicia recaudatoria.